El Gobierno nacional confirmó la aprobación del primer proyecto minero a gran escala enmarcado en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de Rincón de Litio, ubicado en la provincia de Salta, donde la angloaustraliana Río Tinto destinará 2.700 millones de dólares para ampliar su producción de carbonato de litio para baterías.
Producción estratégica para la transición energética
Con este respaldo, Río Tinto podrá avanzar con su operación comercial en Rincón, la cual ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental. El objetivo es alcanzar una capacidad total de producción de 60.000 toneladas anuales de litio de alta pureza, lo que incluye una planta inicial de 3.000 toneladas y una planta de expansión de 57.000 toneladas.
El proceso de obtención se realizará mediante Extracción Directa de Litio (DLE), una tecnología que reduce el uso de agua y los residuos generados, al tiempo que mejora la eficiencia del producto final. La compañía proyecta una vida útil de 40 años para el yacimiento, con obras de expansión previstas para iniciar a mediados de 2025, si se obtienen los permisos correspondientes.
Primeros resultados en 2028
Según el cronograma estimado, la primera producción comercial está prevista para 2028, seguida por una etapa de crecimiento gradual durante tres años, hasta alcanzar la capacidad máxima. Este desarrollo creará miles de empleos y nuevas oportunidades para proveedores y comunidades locales.
Durante su discurso en el cierre del Foro AmCham, el presidente Javier Milei resaltó la importancia del RIGI para atraer inversiones genuinas. “Con este régimen se garantiza la ecuación económica del negocio”, afirmó.
Una apuesta a largo plazo
El CEO de Río Tinto, Jakob Stausholm, destacó que el proyecto está alineado con la transición energética global:
“La demanda sostenida de litio respalda nuestra apuesta en Rincón. Queremos desarrollar este recurso a gran escala, con tecnología de avanzada y en armonía con las comunidades locales”, expresó.
Además, subrayó que el uso del sistema DLE permitirá reducir a la mitad el consumo de agua, cumpliendo con altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
