En el país trasandino, parlamentarios de diversas fuerzas políticas impulsan una normativa para la preservación de masas de hielo inspirada en el debate legislativo argentino. El proyecto busca armonizar la protección hídrica con la viabilidad de la actividad minera.
La discusión sobre la protección de los recursos hídricos estratégicos ha cruzado la cordillera. En Chile, un grupo de legisladores presentó una propuesta para modificar la Ley de Glaciares, tomando como referencia la adecuación que actualmente se debate en el Congreso de la Nación Argentina. La iniciativa surge en un contexto donde el sector minero chileno, pilar de su economía, demanda reglas claras ante el avance del cambio climático.
El proyecto chileno propone, al igual que el dictamen aprobado recientemente en el Senado argentino, la creación de un inventario detallado de glaciares y geoformas periglaciales. El objetivo central es identificar qué cuerpos de hielo funcionan efectivamente como reservas hídricas para el consumo humano y la agricultura, permitiendo así una protección más específica y técnica.
Similitudes técnicas y el rol del sector minero
Uno de los puntos de mayor coincidencia con la propuesta argentina es la aplicación del principio precautorio. Según el texto presentado en Santiago, todos los glaciares estarían resguardados hasta que estudios técnico-científicos determinen si cumplen funciones hídricas vitales. Esta distinción es clave para la minería de cobre en Chile, ya que permitiría el desarrollo de proyectos en zonas de montaña siempre que se garantice la integridad de las cuencas.
La iniciativa también contempla:
La realización de evaluaciones de impacto ambiental más rigurosas.
El monitoreo constante a cargo de organismos técnicos especializados.
La prohibición de actividades industriales que alteren de forma relevante la condición natural de los glaciares protegidos.
Integración regional en criterios ambientales
Referentes del sector energético y minero de ambos países ven con buenos ojos esta convergencia normativa. Consideran que establecer presupuestos mínimos similares en ambos lados de la frontera facilitará las inversiones binacionales y brindará un marco de estabilidad jurídica para los próximos años. El proyecto chileno ahora deberá sortear las comisiones parlamentarias, siguiendo de cerca el resultado final que obtenga la ley en la Cámara de Diputados de Argentina.
