El Gobierno argentino ha decidido apelar ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito el reciente fallo emitido por la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que exige la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los fondos que litigaron por la expropiación de 2012. Los abogados de la Procuración del Tesoro, quienes han sido contratados para llevar este caso en EE.UU., han presentado formalmente un escrito para suspender la ejecución de la sentencia mientras se evalúan los argumentos de defensa.
Entre las razones expuestas, la defensa argumenta que la decisión de la jueza Preska infringe el derecho federal norteamericano, rompe con la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y contradice principios de cortesía internacional. Asimismo, señalan el apoyo del Departamento de Justicia estadounidense, que respaldó el interés en el caso, lo que se interpreta como una acción a favor del gobierno de Donald Trump. Se advierte también sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
Los demandantes, Burford Capital y Eton Park Capital Management, quienes adquirieron derechos de litigio del Grupo Petersen y de IEASA, han solicitado por escrito la ejecución de la sentencia, la cual se traduce en un reclamo de indemnización de 16.099 millones de dólares en acciones de la compañía. A pesar de que intentaron embargar activos del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas, sus intentos han fracasado hasta el momento.
Además, Eton Park presentó una transcripción de declaraciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en las que justifica la expropiación de YPF, lo que puede haber impulsado la decisión de los abogados argentinos a apelar antes de lo esperado. Es relevante señalar que los litigantes esperaban una decisión respecto a la petición de embargo en el caso, hecho que motivó una apelación preliminar para evitar posibles complicaciones futuras.
YPF no está directamente involucrada en el litigio, siendo más bien un activo en disputa entre el Estado nacional y los fondos de inversión. El presidente de YPF, Horacio Marín, dejó claro que, aunque el caso afecta a la compañía, se opera con la premisa de que YPF no tiene representación oficial en este proceso judicial. Marín destacó que la decisión de la jueza se centra en las irregularidades atribuibles al Estado, dejando a la empresa en un segundo plano.
La defensa de Argentina refuta de manera contundente la sentencia de Preska, mencionando la excepcionalidad de este caso y subrayando que las interpretaciones han generado desacuerdos incluso en el gobierno de EE.UU. respecto a la decisión del tribunal.
