Tras la reciente decisión judicial, se conocieron los motivos por los cuales la Justicia de EE. UU. consideró que no hubo delito durante el proceso de expropiación de YPF llevado a cabo por Argentina. El tribunal de apelaciones basó su resolución en la interpretación de las leyes de inmunidad soberana, concluyendo que el Estado actuó dentro de sus facultades legales al retomar el control de la petrolera, lo que invalida las acusaciones de fraude o conducta criminal que sostenían los demandantes.
El fallo subraya que las disputas sobre el cumplimiento de los estatutos de la compañía deben resolverse bajo la jurisdicción comercial y no bajo una óptica penal o de resarcimiento punitivo extraordinario. Esta interpretación técnica fue determinante para que la justicia estadounidense desestimara los argumentos del fondo Burford, señalando que la soberanía de una nación sobre sus recursos naturales goza de protecciones específicas en el derecho internacional. De esta manera, aunque persiste el debate sobre las compensaciones económicas, la justicia norteamericana despejó las sombras sobre la legalidad del procedimiento institucional argentino, marcando un precedente clave para la defensa del país.
