La Legislatura de Tucumán aprobó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) pero no pudo lograr derogar la Ley 7.879 que desde el 2007 prohíbe el desarrollo minero.
Los intentos del gobierno de Osvaldo Jaldo de derogar la ley que prohíbe el desarrollo minero no pudieron concretarse, aunque como premio consuelo se habilitó la exploración minera en la provincia. Las protestas de los activistas antimineros se hicieron sentir afuera del Parlamento provincial.
La posible derogación de la Ley 7.879, que desde 2007 prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en Tucumán, al impedir el uso de sustancias químicas como el cianuro y el mercurio en actividades extractivas provocó la reacción de organizaciones ambientalistas y grupos antimineros que se movilizaron para que no se derogue dicha Ley.
Esta presión, contó con el respaldo de la mayoría de los legisladores tucumanos, lo que generó que el oficialismo tuviera que retirar el artículo que derogaba la ley 7879.
La comisión de Hacienda y Presupuesto le había dado dictamen favorable hace solamente dos semanas, pero la postura antiminera obligó a modificar lo aprobado durante este mismo mes.
Allí se llegó a un acuerdo para introducir un nuevo artículo que establece que “con la presente ley se habilita la exploración minera, quedando la posterior exploración de la actividad sujeta a las disposiciones de las leyes ambientales vigentes, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio correspondiente, evaluará la viabilidad de los proyectos”. Este artículo se aprobó por una amplía mayoría y tres abstenciones.
Previamente, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, había señalado que en Tucumán había pedidos de exploración minera a la espera.
